El debate de la deuda ilegítima ha llegado a Astorga. Después de que Sevilla, Badalona, Madrid, Cádiz, Conil de la Frontera, Zaragoza, Parla o Morón hayan valorado y debatido iniciativas similares para instar al gobierno de España a compensar los interes pagados como consecuencia de las operaciones de bancarización de deuda realizadas de forma fraudulenta y contra los intereses de la mayoría de la ciudadanía.
Astorga formalizó en mayo de 2012 un crédito a largo plazo con el BBVA para llevar a cabo el Plan de Pago a Proveedores,por importe de 828.253,81 €.
Los intereses del crédito concertado por el Ayuntamiento fueron del 5.9 %. De este modo, se pagaron 244 facturas atrasadas correspondientes a 58 proveedores.
En aquel momento el interés más alto que el Ayuntamiento pagaba a una entidad financiera por una operación de endeudamiento era del 2,12 %. Y se da la circunstancia de que la banca privada financió al Ayuntamiento con dinero público procedente del BCE, prestado a menos del 1%.
Desde IU-Astorga consideran que «bajo el pretexto de ayudar a los proveedores, lo que realmente se hizo fue un inmenso regalo de dinero público a la banca privada auspiciado por el PP, el cual fue inyectado directamente dese las haciendas de las instituciones territoriales más lánguidas: las de los ayuntamientos«. En consecuencia, consideran que esa parte correspondiente a los intereses se debería declarar odiosa o ilegítima.
Los intereses devengados como consecuencia del crédito contraído fueron de 84.536,56 €, por lo que de acuerdo con cálculos estimativos, se puede considerar que la banca se llevó aproximádamente unos 70.000 € limpios del Ayuntamiento de Astorga, justo cuando la mayoría de la población peor lo estaba pasando.
En Astorga esta deuda municipal se canceló anticipadamente, amortizándose definitivamente en el tercer trimestres de 2014, previa aprobación de un expediente de modificación de crédito por importe de 439.247,15 €, el cual se aprobó por el Pleno en septiembre de 2013 con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG) con que contaba la entidad.
Como consecuencia de las políticas de recortes aprobadas por el PP, Astorga aprobó en marzo de 2012 un Plan de Ajuste para reducir gastos y aumentar los ingresos municipales a través de la modificación de varias ordenanzas fiscales reguladoras de diversas tasas municipales. Entre estas medidas se encontraban las siguientes:
1. Suprimir las ayudas a la natalidad.
2. Suprimir las ayudas a las empresas que se asienten en el polígono.
3. Anulación del modelo familiar para el carnet de piscina.
4. Incremento de la tasas en la ludoteca.
5. Incremento de las tasas de la escuela de música.
Los Ayuntamientos actualmente permanecen asfixiados financieramente y con la autonomía limitada y las competencias mutiladas desde que el PP aprobara la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, derivada del artículo 135 de la Constitución. El municipalismo espera cambios globales a nivel europeo y estatal para recuperar su imprescindible papel social.
La Voz de Astorga 