La Voz de Astorga

Dice la Constitución española en su artículo 47 (de los derechos y los deberes fundamentales), que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Para garantizar este derecho, añade, los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Y según la ley reguladora de las bases del régimen local, es competencia propia de los Ayuntamientos la promoción y gestión de la vivienda de protección pública.

Para poner en práctica una política municipal de vivienda, los gobiernos municipales se pueden apoyar en diversos instrumentos, como los Planes y Programas Municipales de Vivienda y Suelo, Programas de Ayuda al Alquiler, y como no, a través del Patrimonio Municipal del Suelo, cuyo cometido es el de concretar y facilitar la ejecución de las determinaciones del planeamiento urbanístico que se consideren prioritarias y, en general, contribuir a la regulación del mercado inmobiliario.

Y como no, para contar con una política de vivienda propia es indispensable contar con presupuesto para ello, lo que implica considerar la vivienda como derecho fundamental y en consecuencia, como una cuestión de relevancia prioritaria para el gobierno local.

Tal es el desinterés, que en Astorga ni tan siquiera existe una concejalía de vivienda.

De hecho, ni el PSOE en la pasada legislatura, ni en esta el PP ha tenido a bien dotar de crédito a las partidas destinadas a vivienda (grupo de programa de gasto 152), las cuales ni tan siquiera figuran en el presupuesto de Astorga.

Y lo mismo en la vertiente de los ingresos, de tal modo que el PP, el PAL y el PSOE se opusieron a las enmiendas presentadas por IU-Astorga para tener un IBI más justo, entre las que se incluía gravar con un recargo del 25% las viviendas residenciales desocupadas con carácter permanente.

En conclusión, ¿dónde queda el acuerdo de la pasada legislatura en la que PP, PSOE y PAL acordaron declarar a Astorga como CIUDAD CONTRA LOS DESAHUCIOS? Si era simple retórica, bien se lo podían haber ahorrado.

Astorga tiene un problema muy grave de vivienda y de despoblación que se puede acelerar en los próximos años si el PP continúa desarrollando sus políticas antisociales. En consecuencia, las políticas de vivienda, de suelo y de alquiler social deberían ser una tarea prioritaria para cualquier gobierno que tenga en el centro de sus políticas y como fin de estas la mejora de la calidad de vida de la gente.

Desde la creación de una Oficina de Intermediación Hipotecaria y la puesta en marcha de una política de vivienda propia y ambiciosa se tornan en cuestiones capitales para garantizar el desarrollo de la ciudad y el bienestar social de la población.

Porque aquello de que  toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general viene en la Constitución del 78. Y deberíamos tomárnoslo más en serio. Veremos si se lo toman en serio o no cuando presenten el Plan General de Ordenación Urbana.